Exoneraciones basadas en pruebas de ADN y en otro tipo de pruebas: Los obstáculos para dejar sin efectos convicciones penales equivocadas
By Sarah Turberville, Senior Counsel, Criminal Justice Program

El 4 de febrero, la Asociación de Estudiantes Negros (Black Law Students Association) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Asociación de Derecho Penal (Criminal Law Association) presentaron un panel de discusión sobre la pena de muerte en Estados Unidos como parte del Festival de Cine sobre Convicciones Penales Equivocadas (Wrongful Convictions Film Festival). La presentación dio inicio con la proyección de The Trials of Darryl Hunt, (Los Juicios de Darryl Hunt) documental sobre una brutal violación y homicidio y un hombre sentenciado por error, Darryl Hunt, quien pasó casi veinte años en prisión por un crímen en Carolina del Norte que no cometió. El documental, estrenado en 2006, sigue al señor Hunt, sus abogados y activistas comunitarios en una odisea de dos décadas por demostrar su inocencia. A lo largo de esta odisea, tribunales estatales y federales desecharon las mociones en la  que  el señor Hunt presentaba pruebas de ADN que lo exoneraban. Los tribunales anularon todos los cargos en su contra sólo cuando las autoridades estatales autorizaron comparar el análisis de las muestras de ADN encontradas en la escena del crímen con la base de datos de  ADN del estado, quedando de manifiesto quién era el verdadero asesino.

Al final del documental, me uní al panel en el que se encontraban Richard Dieter del Centro de Información sobre Pena de Muerte (Death Penalty Information Center), Donna Fessler de la Oficina de Defensores de Casos Capitales del Norte de Virginia (Northern Virginia Capital Defender Office) y Annie Bickerton de la organización Drive Change. En una animada conversación moderada por Anthony Cook, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown, analizamos cómo y por qué el documental continuaba vigente al día de hoy.  http://apps.law.georgetown.edu/webcasts/eventDetail.cfm?eventID=2255

Uno de los principales problemas que se presentó en el caso Hunt fue la dificultad de deshacer los errores ocurridos durante la investigación y persecución penal, cuando ya se había dictado una sentencia condenatoria. El señor Hunt fue puesto en libertad y exonerado por la coincidencia, casi milagrosa, que hubiera un registro del verdadero asesino en la base de ADN del estado. Sin embargo, como lo destaca un reporte publicado a principios de esta semana por el Regisgtro Nacional de Exoneraciones (National Registry of Exonerations), las exoneraciones basadas en pruebas de ADN están en declive, toda vez que actualmente las pruebas biológicas se presentan por lo general antes del juicio. Esto hará que las exoneraciones  basadas en pruebas de ADN serán cada vez menos frecuentes en los próximos años. No obstante, al recurrir al análisis de ADN, confirmamos que nuestro sistema de justicia penal es falible y comete muchas equivocaciones. Por ello cabe preguntarnos ¿cuántas personas halladas culpables por error languidecen en prisión? Algunas han sido sentenciadas a muerte y el tiempo opera en su contra para probar que sus condenas fueron impuestas por una equivocación, especialmente en los estados que intentan “acelerar los procesos de apelación” en casos capitales, El propio señor Hunt pudo haber visto su tiempo agotado de haber sido sentenciado a muerte en lugar de cadena perpetua.

El año 2013, fue un año récord en el número de personas exoneradas en Estados Unidos -tanto en casos de pena de muerte como en tipo de otros casos-. La mayoría de las personas exoneradas fue puesta en libertad al demostrar su inocencia mediante pruebas distintas a la de ADN. Toda vez que sólo en un porcentaje muy bajo de casos penales se encuentra disponible material del ADN, es fundamental que los agentes de procuración de justicia y los fiscales cooperen en las investigaciones para determinar si una sentencia fue equivocada.

En el caso del señor Hunt, las autoridades estatales -como en muchos otros casos en todo el país- se negaron a considerar que se cometió un error ante la presentación de nuevas pruebas, lo que  socavó  seriamente la confiabilidad de la investigación del crímen y la identificación del perpetrador. A pesar de lo anterior, recientemente algunas procuradurías han tomado un papel de liderazgo en dejar al descubierto convicciones penales erróneas.  Varias Oficinas de Fiscales, -como la del Condado de Dallas, dirigida por  Craig Watkins, quien en 2009 reciibó el Premio Campeón Constituional (Constitutional Champion Award) del TCP- hicieron posible  más del 50% de las exoneraciones decretadas en 2013.

Por este motivo, el Comité de Pena de Muerte de TCP -grupo bipartidista compuesto de promotores y opositores a la pena capital- recomendó en un reporte de 2005, Mandatory Justice, que los fiscales debían dejar sin efecto una sentencia cuando fueran sometidas nuevas pruebas, inconsistentes con su explicación del caso. Si esto hubiera ocurrido en los juicios de Darryl Hunt, hubiera sido exonerado en 1994 -y no casi una década después-. El Comité también recomendó eliminar las barreras a las límitaciones procedimentales cuando se descubran nuevas pruebas exculpatorias.

El análisis y las recomendaciones del Comité han permanecido vigentes desde su publicación. Sin embargo ha habido nuevos acontecimientos. Para seguirles el paso, el Comité se encuentra preparando nuevas recomendaciones antes de que se publique su próximo reporte, “Previniendo Errores Irreversibles”.  Estas nuevas recomendaciones aumentarán las anteriores con miras a una administración del sistema de justicia penal, más justa, cuando se trate de cuestiones de vida o muerte.

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