Injusticia en Texas: el “Estado de la Estrella Solitaria” podría ejecutar a un prisionero con discapacidad intelectual
Por María Cortina, Hispanic Outreach Fellow

La fecha de ejecución de Ramiro Hernández está programada para hoy, 9 de abril, en Texas. Fue hallado culpable de un homicidio cometido en 1997.

El caso de señor Hernández está relacionado con un principio fundamental de justica: la igualdad ante la ley. La suspensión de su ejecución debe ser concedida debido a que varios tirbunales determinaron, sin considerar criterios clinicos, que no tenía discapacidad intelectual (retraso mental) y, por lo tanto, podría ser condenado muerte.

La ejecución de personas discapacitadas intelectualmente está prohibida por la Octava Enmienda a la Constitución de Estados Unidos. La discapacidad intelectual afecta la culpabilidad moral. Al respecto, la Suprema Corte de Estados Unidos concluyó en 2002, en el caso Atkins v. Virginia, que las personas discapacitadas intelectualmente no entienden cabalmente las consecuencias de sus actos y por lo tanto, carecen de la culpabilidad implícita  en las sentencias capitales. Asimismo, la Suprema Corte anotó que en Estados Unidos había un consenso nacional que prohibía categóricamente la ejecución de personas discapacitadas intelectualmente. Con base en estos argumentos, la Suprema Corte determinó que la ejecución de personas con discapacidad intelectual era inconstitucional.

Ejecutar a una persona con discapaciadad intelectual, debidamete diagnosticada por especialistas, es moralmente condenable y  contrario a las leyes de Estados Unidos. En el caso del señor Hernández, varios tribunales decidieron que podía ser sentenciado a muerte con base en el testimonio de solo un especialista, quien partió de estereotipos sobre el grupo cultural al que pertenece el señor Hernández, sin tomar en cuenta los criterios clínicos universalmente aceptados para diagnosticar discapacidad intelectual.

Por más de una década, el señor Hernández fue sometido a diversos exámenes para determinar su coeficiente intelectual (CI). Los resultados variaban entre los 50s y 60s puntos, muy por abajo del límite establecido que define discapacidad intelectual (70 puntos). Es preocupante que el señor Hernández haya sido considerado competente con base en un testimonio de un especialista, presentado por la fiscalía estatal, que no conoció ni evaluó al señor Hernández y que no pudo siquiera citar una definición clínica de discapacidad intelectual. Es especialmente preocupante que este testimonio destaque que las limitaciones en la adaptación conductual del señor Hernández -uno de los elementos que se consideran para diagnosticar discapacidad intelectual- podían explicarse atendiendo las caracterísitcas del “grupo cultural” al que pertenece.

Desde luego entendemos que los funcionarios estatales que decidirán si procede o no la ejecución del señor Hernández enfrentan una serie de cuestiones fácticas y legales que han sido ya presentadas ante los tribunales. De igual manera, no somos humanamente capaces de entender el sufrimiento de los familiares de la víctima de este caso. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que la esposa de la víctima, quien a su vez fue atacada la noche del asesinato de su esposo, se ha declarado en contra de la pena capital.

Esperemos que las autoridades texanas rectifiquen los errores cometidos por los tribunales en el caso del señor Hernández. La integridad fundamental de nuestro sistema judicial depende de la intervención de las autoridades de Texas  para evitar la ejecución de una persona que fue sentenciada a muerte injustamente.

No podemos ser indiferentes cuando un estado puede ejecutar a una personas en las circunstancias del caso del señor Hernández. Para The Constitution Project este tema es de tal relevancia que ha elaborado un reporte sobre pena de muerte que presentará el 7 de mayo. En este reporte se enlistan recomendaciones a los estados para determinar si una persona tiene o no discapacidad intelectual, y en consecuencia si puede o no ser ejecutada.

Lea más antecedentes de este caso: https://archive.constitutionproject.org/wp-content/uploads/2014/04/FINAL-SPANISH-BACKGROUND-Ramiro-Hernandez-Death-Penalty.pdf

El 13 de abril de 2014, El País publicó la opinión de María Cortina sobre la ejecución de Ramiro Hernández.

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