Mientras que algunos estados ponen freno a la pena de muerte, otros tratan de acelerar las ejecuciones
By Sarah Turberville, Senior Counsel, Criminal Justice Program

El gobernador de Washington, Jay Inslee, hizo estas declaraciones al decretar    una moratoria a las ejecuciones de la pena de muerte en su estado: “La   aplicación de la pena de muerte es inconsistente e inequitativa. Es tiempo de           asegurarnos que haya igualdad ante la ley….Hay demasiadas fallas en el   sistema penal, y cuando la última decisión implica la muerte, no podemos  aceptar un sistema imperfecto”.

Por su parte, el diputado estatal de Florida, Matt Gaetz, promotor de la “Ley de      Justicia Oportuna” (“Timely Justice Act”) aprobada en mayo de 2013, ha señalado que “solo Dios puede juzgar, pero nosotros podemos programar el encuento.

Difícilmente podríamos encontrar dos opiniones tan divergentes sobre la aplicación de la pena capital.

Los sistemas legales en los que una persona es sentenciada a pena de muerte en estos dos estados son también muy distintos. En el estado de Washington, solo nueve personas se encuentran sentenciadas a la pena máxima. En Florida hay más de 400, y  el número de sentenciados continúa en aumento a pesar de que la tendencia en otros estados, incluyendo Texas, es que disminuya.  El estado de Washington solo ha exonerado a una persona por haber dudas sobre su culpabilidad. Por su parte, Florida ha exonerado a 24 sentenciados a muerte y a lo largo de la historia moderna de la pena capital ese estado ha exonerado a una de cada tres personas condenadas a morir al existir dudas sobre su inocencia. Florida, a diferencia de Washington, permite que el jurado decida por simple mayoría de votos (7-5) la imposición de la pena capital a diferencia de la mayoría de los estados donde aún existe esta pena que requieren el voto unánime. A pesar de estos datos, Florida aprobó una ley, que parafraseando a sus promotores, fue diseñada para acortar el tiempo entre la convicción y la ejecución.

Nadie duda que la opinión pública estadounidense sobre la pena de muerte ha cambiado. Esta tenencia queda de manifiesto en las encuestas  y en la disminucion en el número de personas que reciben esta condena.  Por otro lado, la abundancia de pruebas sobre tratamientos desiguales en casos simliares, preocupaciones sobre convicciones equivocadas y la posibilidad de imponer cadena perpetua han llevado en los últimos sies años a seis estados a abolir la pena de muerte. Apenas ayer, un Comité del Congreso de New Hampshire aprobó, 14 votos contra tres, una iniciativa que la deroga en ese estado, mientras que el gobernador Inslee y el gobernador del estado de Oregón, John Kitzhabera, han decretado la suspensión de las ejecuciones debido a las serias preocupaciones sobre los defectos en el sistema legal que conlleva a su imposición.  Asimismo, otros estados han adoptado reformas para reducir la posibilidad de ejecuciones equivocadas y mejorar la calidad de representación legal en casos de pena de muerte.

No obstante, algunos estados siguen la tendencia marcada por Florida. Por ejemplo, legisladores en Alabama promueven la aprobación de una ley dirigida a acelarar los procesos de apelacion en casos capitales. Esta legislación es particularmente equivocada tomando en cuenta los extraordinarios y únicos problemas que presenta el sistema penal en casos de pena de muerte en Alabama. Esta iniciativa de ley dobla la carga de trabajo a los abogados que representan en apelación a los sentenciados a muerte en un estado que no cuenta con una defensoría de oficio espcializada en pena capital. Si bien la iniciativa de ley de Alabama está basada en el modelo de Texas, tal y como sus promotores afirman, le falta un componente crucial: la aportación de fondos públicos para apoyar un sistema equitativo de justicia en el que participen abogados competentes que defiendan a los sentenciados a muerte.

Asímismo, debido a la naturaleza de los delitos que se castigan con la pena máxima, el clamor público y la atención que reciben los juicios capitales, es más probable que los errores y fallas lleven a resultados no confiables e injustos. En consecuencia, los procesos de apelación de casos capitales son más complejos. Como lo señaló el gobernador Inslee al decretar la moratoria en las ejecuciones, más de la mitad de las sentencias a muerte impuestas en Washington han sido revertidas. Márgenes de error similares a los de ese estado han sido documentadas en otros estado que imponen la pena máxima.

Legislaciones como la “Ley de Justicia Oportuna”  (“Timely Justice Act”) de Florida y la iniciativa “Ley de Justicia Equitativa (“Fair Justice Act”) de Alabama subrayan la urgente necesidad de cultivar y desplegar mensajeros bipartidistas que sugieran a los legisladores propuestas razonadas en materia penales, en lugar de recurrir a la pena de muerte como una herramienta política. Independientemente de que se esté a favor o en contra de la pena capital por motivos religiosos, filosóficos o éticos, el sistema actual es insostenible. Los ejemplos de Alabama y Florida son meros recordatorios de  que debemos ser persistentes y creativos en nuestros esfuerzos para contar con un sistema de pena de muerte más equitativo. The Constitution Project pronto dará a conocer una actualización de su reporte elaborada por un comité de expertos bipartidistas sobre pena de muerte que puede ayudar a guiar el camino hacia un sistema legal en el que la pena de muerte se imponga de una manera más justa.

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